MOCASE: Movimiento Campesino de Santiago del Estero

por "Movimiento de Solidaridad con el Mocase"

Este artículo trata sobre los campesinos de Santiago del Estero, sobre sus necesidades, sus luchas y sus reclamos. Estos últimos están entre los más postergados de nuestra sociedad porque no son compatibles con la economía capitalista argentina. Los reclamos de los campesinos se enmarcan en un modelo económico comunal, igualitario y solidario.

En estos tiempos de cortes de ruta, de “campo versus gobierno”, de “no” a las retenciones, de “sí” a las retenciones, de productores, terratenientes, contratistas, pooles de siembra y etcéteras, hay un actor rural que ha quedado rezagado a ultimísimo plano: los campesinos.
Aún así, desde la provincia de Santiago del Estero nos han llegado noticias no difundidas por los medios masivos de comunicación alineados a los grandes empresarios rurales. Estas noticias son en realidad pronunciamientos del MoCaSE sobre el conflicto rural: “Las grandes corporaciones de las cadenas agroindustriales vienen imponiendo a los pueblos y países un modelo de producción alimentaria cuyo único objetivo es la rentabilidad y concentración de la riquezas en pocas manos con la complicidad activa de gobiernos, empresarios y, en el caso del `paro del campo´, de los miembros de las cuatro entidades agropecuarias de Argentina.”

Seguí leyendo... Por otro lado, el recientemente creado Frente Nacional Campesino, que nuclea a doscientas organizaciones, entre las cuales está el MoCaSE, dio a conocer el año pasado las conclusiones de su segundo plenario. Allí establecen que “el paro patronal pretende abortar el Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario que queremos y necesitamos los argentinos para garantizar la soberanía alimentaria, la regulación del comercio exterior e interior y la justicia tributaria, medidas indispensables para apuntalar la redistribución de la riqueza con justicia y equidad.”
Para entender este tipo de pronunciamientos es necesario repasar la historia de la formación de una organización como el MoCaSE: quiénes son, cómo viven, cómo piensan. Es importante señalar que si bien este artículo se concentra sólo en Santiago del Estero, este tipo de iniciativas existen en otras provincias –MoCaFor (Formosa), MoCaJu (Jujuy), Hijos del Monte (Salta), MAM (Misiones), entre otros- y responden a problemas similares a los que desarrollaremos en el caso de Santiago del Estero.

El MOCASE
En 1989, en la localidad de Los Juríes, a casi 300 kilómetros de la capital santiagueña, se dieron los primeros pasos hacia la conformación de un movimiento de carácter provincial. En principio un grupo de campesinos se organizó para resistir a los desalojos y al avance de las topadoras que servían –y sirven- a la voluntad de Guillermo Masoni, uno de los empresarios de mayor influencia en la provincia.
Con la iniciativa de Los Juríes se fueron constituyendo organizaciones campesinas con estructuras similares en otras regiones: pequeñas comisiones con base territorial local, basadas en las relaciones persona a persona, que elegían delegados para formar comisiones a nivel departamental o zonal, acompañadas en algunos casos con la formación de una cooperativa agropecuaria. Los antecedentes del MoCaSE fueron, entonces, las comisiones vecinales que confluyeron en la Comisión Central de Campesinos y la formación de la Cooperativa Agropecuaria “Unión Campesina”. Estas organizaciones respondían a dos necesidades concretas: tenencia de la tierra y producción y comercialización de los productos agrícolas.
Fue, entonces, la organización de los campesinos de Los Juríes lo que marcó el inicio de un movimiento campesino en Santiago del Estero, ya que lo que se inició como una acción de resistencia al desalojo fue abarcando objetivos más amplios que sostuvieron a través del tiempo la acción colectiva. No se trataba sólo de lograr la titularidad de la tierra, también se proponían transformar las relaciones sociales de producción.
Finalmente en agosto de 1990, en Quimilí, se constituye formalmente la primera comisión directiva del Mo.Ca.SE . Los principios democráticos que se establecieron y que se mantienen son: las asambleas, la búsqueda de consensos y la rotatividad en la ocupación de los cargos.

Arrasaron Santiago
La historia de Santiago del Estero es la historia de una provincia maltratada por los intereses económicos de las elites de turno. Desde la independencia a esta parte, las provincias del norte argentino han sido empobrecidas por la política librecambista de Buenos Aires y zonas de influencia. Santiago del Estero fue en aquellos tiempos de unitarios y federales la provincia proveedora de durmientes para el ferrocarril a través de un patrón productivo destructor de su sistema ecológico: la explotación del quebracho colorado. A medida que se fue agotando el bosque las empresas –de capitales alemanes o ingleses como La Forestal- se fueron retirando, dejando tras de sí recursos naturales agotados y trabajadores abandonados a su suerte. Actualmente los partidarios del “oro verde” amenazan con arrasar las pocas hectáreas de monte que quedan.
Desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX los gobiernos provinciales vendieron a precio vil más de nueve millones de hectáreas de tierras fiscales y ciento cincuenta millones de árboles de quebracho colorado fueron destruidos. Esta enorme riqueza natural, de cuyo producto sólo volvían a la provincia los miserables salarios del obraje, dejaba detrás de sí campos destruidos, a los cuales resultaba imposible fijar alguna utilidad productiva.
En la segunda mitad del siglo XX Santiago del Estero fue sometido políticamente por gobiernos como el de Carlos Juárez, cinco veces gobernador a partir de 1949. El "juarismo" es la expresión política de un modelo de empobrecimiento de las clases populares y de pulcro control sobre la débil clase media provinciana. Juárez ha hecho y deshecho a su gusto en Santiago del Estero. Reformó reiteradamente la Constitución de la provincia según la conveniencia de cada momento. Junto con su lugarteniente Musa Azar creó una red de espionaje que persiguió a cincuenta mil personas opositoras a su gobierno; sustentó un poder económico hegemónico que en sus primeros gobiernos tuvo a las empresas constructoras como base y en los últimos años a las empresas de servicio, y fomentó entre los trabajadores la dependencia del Estado como una forma de mantener ceñido a su puño a una amplia franja del electorado.
En diciembre de 1993 hubo un intento por cambiar la historia: una pueblada sin precedentes:"El santiagueñazo", quemó los edificios de los tres poderes manejados por Juárez, además de su propio domicilio y el de varios vinculados al poder. Pero el interventor designado por Carlos Menem, Juan Schiaretti, cerró hábilmente todos los caminos a una posible renovación y al concluir la Intervención retorna el juarismo.
Actualmente perviven en Santiago del Estero redes de poder con aliados en la Justicia, el Poder Ejecutivo, la prensa y el poder económico. El grupo de empresas de Néstor Ick, por ejemplo, que supo construir un verdadero imperio bajo el ala del juarismo. En una provincia devastada, con un índice de mortalidad infantil que trepa al 25%, con un nivel de analfabetismo record en el país y con un índice de desnutrición infantil que alcanza al 38%, Ick se hizo millonario gracias a sus increíbles negocios con el gobierno santiagueño. Este abogado es dueño del banco de Santiago del Estero, del canal de TV, el diario y la radio más influyentes en la provincia; del monopolio de los casinos; de los dos hoteles más lujosos de la capital santiagueña, de una tarjeta de crédito obligatoria para los empleados públicos y de una muy rentable compañía de seguros, entre otros emprendimientos.

Hazte a un lado
La población rural de Santiago del estero abarca al 39% de la población total de la provincia. Se estima que de 17 mil familias campesinas 10 mil están organizadas en el MoCaCE. El 70 % de los productores apenas tiene el 3% de la tierra, mientras que el 49 % de las tierras está en manos del 1% de propietarios.
Los conflictos entre los campesinos y grandes inversionistas y terratenientes dedicados a la explotación forestal comienzan a darse en la década del 60. Esta presión sobre las tierras se agudiza en los años 70 y 80 como consecuencia de los buenos precios del algodón y por el desarrollo de variedades de soja apropiadas para las durísimas condiciones ambientales del chaco santiagueño.
Desde sus comienzos el MoCaSE asumió como estrategia central la lucha por la tierra y por mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas. El problema generalizado de tenencia precaria de la tierra por parte de los campesinos había generado un proceso de desalojos "silenciosos" en la medida en que no había conciencia sobre el derecho de posesión veinteañal: quien ha poseído durante veinte años o más una porción de tierra es dueño legítimo de ella. Sin embargo: “nos hacían creer que nosotros porque no teníamos papeles de las tierras éramos unos intrusos, que los dueños eran los que tenían los papeles. Y no era así, los intrusos eran ellos.”
La formación del MoCaSE fue un paso importantísimo para que el silencio se fuera convirtiendo en conciencia de derecho a través del encuentro, la movilización, la resistencia y hasta el enfrentamiento directo con los representantes del poder. El movimiento campesino cuenta con el asesoramiento legal de profesionales que trabajan a codo con los campesinos apoyando y fortaleciendo un reclamo justo y al mismo tiempo difundiendo las problemáticas del pueblo campesino.
El intento de desalojo de las familias del paraje La Simona en 1998 tuvo repercusión a nivel nacional. La autodefensa ejercida por el MoCaSE y un conjunto de organizaciones solidarias detuvo a las topadoras, que de otro modo y en otra época hubieran conseguido su propósito. La población resistió el desalojo pasando días y noches bajo una improvisada carpa de polietileno negro: “la carpa negra de La Simona".
En el 2000 la Legislatura santiagueña aprobó una ley que autoriza al juez penal para desalojar a un campesino ante una denuncia de usurpación de propiedad. Quien presente una escritura, entonces, tiene el poder de desplazar a una o varias familias acusándolas del delito de usurpación.
Guillermo Masoni, poseedor de 100 mil hectáreas, tiene 45 mil hectáreas en conflicto con los campesinos a los que intenta desalojar a través de diferentes métodos: denuncias por usurpación de terrenos habitados por campesinos hace generaciones; envenenamiento con glifosato y otros agrotóxicos que afectan la fauna, la flora y los pozos de agua, única fuente de provisión de los campesinos; organización de guardias blancas que patrullan las zonas, amenazan y torturan (en los últimos tres años se presentaron 1600 denuncias por torturas sólo en la zona de Añatuya); quema de cercos y cortes de alambres.


• Caso 1: Quiñones
Tomemos como ejemplo el caso de la familia Quiñones que fue engañada por su abogado de confianza quien transfirió la propiedad de 485 hectáreas de campo de los Quiñones a la empresa Sartor. La familia sufrió sucesivos desalojos a partir de 2003. El último de ellos fue un verdadero operativo policial con setenta efectivos que lograron su objetivo: desalojar a los habitantes de uno de los mejores campos de la zona de Los Juríes y procesar a los Quiñones por “usurpación y desobediencia judicial”.
• Caso 2: Diaguitas
En marzo de este año en Atamisqui, pueblo Diaguita de Santiago del Estero, la policía provincial detuvo a cinco miembros de la comunidad indígena. Un grupo de efectivos del Getoar (Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo) los arrancó violentamente de sus ranchos y los trasladó a la capital santiagueña donde quedaron detenidos hasta que, por falta de motivos, fueron liberados.
El Pueblo Diaguita Cacano es un blanco frecuente de los ataques policiales debido a su lucha sostenida contra la usurpación del campo Toro Umán, en territorio de El Alto, único cordón de bosque nativo en la región, y hábitat de comunidades indígenas y campesinas. La empresa usurpadora, Genética del Este S.A., es propiedad de la firma Bustingorri Hnos. Estos empresarios vinculados a la Sociedad Rural han recibido el apoyo de policías, jueces y funcionarios provinciales para fomentar la explotación agroganadera del campo Toro Umán.
Además de los ataques contra la población originaria, estos empresarios rurales atentan contra la ecología a través del desmonte y del uso de agroquímicos que envenenan el agua, única fuente de consumo para las familias y los animales de la zona.
Estos casos son ilustrativos de una realidad que no es exclusiva de Santiago del Estero sino de todo el norte argentino (y más al sur también).
Al margen del “problema del campo” ha quedado gran parte del campo
El conflicto del “campo” se ha centrado en una discusión limitada: sí o no a las retenciones a la soja. Una discusión que no representa al campesino porque deja afuera otras discusiones de base: la necesidad de una reforma productiva y agraria por ejemplo.
El modelo sojero amenaza con desplazar a otros cultivos: cada vez se le quita más terreno a la actividad ganadera; amenaza también con avanzar sobre la flora y la fauna de reservas naturales y lo más importante: amenaza con desalojar pueblos a campesinos e indígenas. Es un modelo que necesita de un campo SIN CAMPESINOS. Por eso los cortes de ruta no representan al campesino sino al sector del campo ligado a la rentabilidad de la soja.
Los millones de litros de leche volcados en las rutas y las toneladas de alimentos arrojadas a la vera de los caminos tampoco representan al campesino que sabe muy bien que “la comida nunca se tira”.
Para ser claros: la Sociedad Rural es enemiga del campesinado. Hemos citado más arriba a José Bustingorri, miembro de la Sociedad Rural de Saladillo, y como él, muchos otros miembros de la entidad son la cara invisible de las persecuciones y desalojos que padecen hoy miles de familias de pueblos originarios y campesinos.
La soja es rentable para las empresas de comercialización de granos y para los dueños de tierras. Pero además de rentable es agresiva en términos ambientales y exclusiva en términos sociales. Frente al avance del monocultivo el MoCaSE levanta la consigna de la diversificación productiva para una soberanía alimentaria, del trabajo cooperativo transformador de la naturaleza y en armonía con ella, de la apertura de mercados locales, regionales y nacionales con precios justos. Es necesario aclarar que no se trata de volver 200 años atrás en técnicas de cultivo sino de avanzar en el plano de la investigación y la aplicación de tecnologías que favorezcan la producción de alimentos y derivados preservando el medio ambiente. Producir soja, sí, pero en convivencia con muchas otras actividades.
Para que esto sea posible es fundamental democratizar el campo, un ámbito que hoy se divide en ricos (concentrados principalmente en los pooles de siembra), pobres (campesinado) y clase media (pequeños y medianos productores, arrendatarios, contratistas..). La democratización debería ser un proceso impulsado desde el Estado como garante del derecho (a la tierra, a la educación, a la salud, etc.). Una tarea pendiente no sólo en el campo sino también en la ciudad y en todas las esferas sociales.
Mientras la democracia no llega, los movimientos sociales asumen un gran desafío, en el caso particular del MoCaSE: fortalecer la organización para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, proteger sus tierras, sus viviendas, los animales y las plantas; resistir a los desalojos, denunciar los abusos de poder dándolos a conocer; educar a sus hijos para que continúen la lucha; tejer lazos con otras organizaciones para unir fuerzas y darle carácter nacional a sus reclamos.
Es hora de escuchar las voces que nos llegan desde el norte, que hablan más pausado y bajito y que han quedado tapadas por un grupo de gritones.