El anteproyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Para ver y escuchar

Hoy, 24 de marzo de 2009, se cumplen 33 años del inicio del sistema de exterminio que se extendió por nuestro país bajo el nombre "Proceso de Reorganización Nacional" Consideramos que la mejor manera de hacerlo es recuperar algo de lo que nos robaron. El aire es tuyo, defendelo.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Para ver y escuchar

Cómo es y para qué sirve una nueva legislación en comunicación. Una historia de negociados y peleas que se acerca a un final feliz.

por Luciano Lahiteau

El Teatro Argentino de La Plata fue el marco donde el Gobierno Nacional presentó, al fin, el anteproyecto de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De este modo, el Ejecutivo se valió de los principios estipulados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática para encarar lo que varios de sus funcionarios han llamado “la madre de todas las batallas”: el reordenamiento del espectro radioeléctrico nacional.

Seguí leyendo... El anteproyecto, que será debatido en foros repartidos en las distintas regiones del país, busca reemplazar a la antigua 22.285, más conocida como Ley de Radiodifusión y firmada en 1980 por Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz. Según el Gobierno, el proyecto estaría en condiciones de ser tratado en un plazo de sesenta días. Esto, por supuesto, si lo permite la coyuntura de la conflictividad con los empresarios agrarios y la defensa que harán los grandes medios de los beneficios que le da la actual norma y que la presidenta Fernández describió como “palos en la rueda” de quienes “se creen dueño” de la comunicación.

La alusión, claro, fue para el Grupo Clarín principalmente, el holding de comunicación más grande del país y uno de los más perjudicados en caso de que la nueva ley empezase a regir.
Y los palos en la rueda ya comenzaron a funcionar. Desde las páginas del diario, desde el noticiero de Canal 13, desde la cadena TN, desde el aire de Radio Mitre o desde los demás medios del grupo o desde los foros de comunicación que dominan (como la Sociedad Interamericana de Prensa), los empleados del Grupo se han encargado de desacreditar y/o menoscabar el debate por una nueva radiodifusión.

Cómo privatizar la voz
El actual decreto-ley permite que un grupo como Clarín ostente 24 licencias de radiodifusión, fuera de sus ediciones gráficas e incursiones en otros mercados (además del diario originario, el Grupo edita La Razón y es socio de La Nación en CIMECO, compañía que controla el diario La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza). Con esta permisiva legislación, flexibilizada durante los noventa gracias a los momentos de buena relación con el menemismo, Clarín puede poseer las licencias de Canal 13, Canal 12 (Córodoba), Canal 7 (Bahía Blanca) y las señales de cable Volver, Magazine, Todo Noticias y TyC Sports. Además, el Grupo tiene participación accionaria en las productoras de contenidos audiovisuales Pol-Ka, Ideas del Sur y Patagonik Film Group S.A. y regentea los recientemente fusionados servicios de televisión por cable y acceso a Internet Multicanal-Cablevisión. En radio, la empresa de Ernestina Noble tiene Radio Mitre (AM 790) y FM 100, entre otras joyas como el diario deportivo Olé, la agencia de noticias DyN o Ferias y Exposiciones Argentinas S.A., empresa de eventos que se ocupa de organizar la exposición agroempresarial Expoagro.
Pero Clarín es sólo un ejemplo. Ciertamente, es el holding mediático más grande del país, pero existen otros grupos como el de Daniel Hadad (que posee la señal C5N, las radioemisoras Radio 10, FM Mega 98.3 y Vale 95.7 –entre otras- y un porcentaje en Canal 9), el de Daniel Vila (dueño del servicio de televisión por cable Supercanal y de varios diarios del interior, entre ellos Uno de Mendoza, La Capital de Rosario, La Mañana de Córdoba; y socio de América Medios –América 24, América 2 y Junín TV- junto al empresario Francisco De Narváez) o el del más reciente empresario de medios, Sergio Spolski (acreedor de los diarios Buenos Aires Económico, Diagonales de La Plata, Miradas al Sur, las revistas Veintitrés, 7 Días y Asterisco, Radio América y en busca de entrar en el directorio de Telefé, hoy de la española Telefónica).

Este es el marco actual de la comunicación argentina, dominada por algunos pocos empresarios que se asocian y disocian manejando discrecionalmente las licencias de radiodifusión que deberían ser intransferibles, ya que el Estado las presta –en teoría- a un proyecto de comunicación y no a dueño que pueda venderla o alquilarla según sus intereses económicos. Es lógico, entonces, que los medios no quieran hablar de la nueva ley de radiodifusión, y prefieran presentarla como un “intento por acallar las voces de los medios independientes” que, como queda a la vista, no existen.

Abrir el juego
La nueva ley, proyectada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (una organización de comunicadores de todo el país, en la que participaron organismo de DDHH, las Universidades, medios cooperativos y comunitarios, organizaciones sociales y estudiantiles), puede acabar con esto. La iniciativa ciudadana, nacida hace más de cinco años, ya recorrió el país y volverá hacerlo en los próximos días para luego recalar en el Parlamento con el auspicio del oficialismo. Importante es destacar esto último: el proyecto no pertenece al Gobierno, sino que es el resultado de un trabajo de varios sectores relacionados con la comunicación y que hoy, en el marco de un conflicto con los medios más poderosos, el Ejecutivo pone sobre el tapete. En caso contrario, sería difícil explicar cómo los Kirchner impulsan una ley contra la empresa a la que beneficiaron durante su primer gobierno extendiendo sus licencias y otorgándoles montos de pauta oficial desproporcionadamente altos. O cómo un senador, como Miguel Ángel Piccheto, que en el pasado propuso el salvataje que rescató a Clarín de sus acreedores extranjeros, hoy proponga una lucha sin cuartel contra el monopolio.
Pero un proyecto de comunicación democrático trasciende las coyunturales peleas políticas. Los 21 puntos que propuso la Coalición proponen la distribución del espacio radioeléctrico entre prestadores públicos (Estado), comerciales (asociaciones con fines de lucro) y comunitarios (asociaciones sin fines de lucro, como organizaciones sociales, sindicatos, Iglesias, etcétera), la derogación de las repetidoras y la inclusión de prestadores locales en cada región. Abogan por la transparencia de la gestión de medios (mediante un registro público de las licencias), la incompatibilidad de la función pública con la ostentación de licencias y la ejecución de medidas que prohíban la conformación de monopolios (en un principio se limitaría a los licenciatarios a operar 10 licencias, 14 menos que en la actualidad). Y, sobre todo, se busca considerar a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio, tal se lo razona en la actualidad.
Este sería un paso fundamental para aggiornar la legislación a los lineamientos actuales en derecho de la comunicación, que define a la libertad de expresión no sólo como libertad de prensa, sino como el derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa y a través de la radio y la televisión. En otras palabras, que cada uno de nosotros tiene el derecho a escuchar ideas e informaciones diferentes, dar a conocer la propia y crear una pluralidad de ellas, dejando de lado la pasividad de ver y oír frente a la pantalla lo que los dueños de los medios quieren que veamos.

ANEXO I: El Proyecto

Descargar el anteproyecto de la Ley de Servicios Audiovisuales

ANEXO II: Breve historia del Gran Diario Argentino

Clarín nació a razón y semejanza del diario La Prensa, el periódico argentino que llegó a ser el de mayor tirada en habla hispana y a erigirse como una institución en sí mismo, en agosto de 1945. Fue fundado por Roberto Noble, un empresario que adhería al desarrollismo y una noche se enamoró de una bailarina bastante menor que él. Ella se llamaba Ernestina Herrera y hoy es quien preside la sociedad que, junto a Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, hicieron realidad el sueño de su marido fallecido en 1969. Como soñó Noble, Clarín se convirtió en el diario más importante del país, aunque él no haya podido verlo en la cima.
Es que, en verdad, Clarín solidificó su preeminencia durante la última dictadura militar. En esos tremebundos años setenta, el diario logró hacerse lugar en la sociedad Papel Prensa S.A., la empresa productora de papel de diario que hasta hoy monopoliza el mercado desde su fábrica de San Pedro. Allí, el diario de Noble es socio de La Nación y del Estado Argentino, con quien siempre ha mantenido una relación fluctuante, dependiendo de quien estuviera en el Ejecutivo. Y, sobre todo, dependiendo de cómo fuera la predisposición de los gobiernos para las exigencias seguidas de negociaciones deshonestas del diario. De los dictadores logró el monopolio del papel, en la época alfosinista se alzó con la licencia de Radio Mitre, de Menem logró la concesión de Canal 13 y el decreto que le permitió diversificar sus negocios y extender a 24 sus licencias de radiodifusión, de Duhalde consiguió la “ley de quiebras” que salvó a la empresa de pagar sus millonarias deudas mediante la capitalización accionaria (lo que hubiera transferido los activos a sus acreedores extranjeros) y que fue complementada a los pocos días de la asunción de Néstor Kirchner, con la Ley de Bienes Culturales (más conocida como “Ley Clarín”) que estableció un tope del 30% en la participación accionaria de extranjeros en empresas locales. Un año más tarde, Kirchner retribuiría el buen trato del diario a sus primeros meses de gobierno extendiéndole por diez años y por decreto las licencias en Canal 13, Radio Mitre y demás. Y en 2007, a poco de entregar el Ejecutivo a su esposa, el entonces presidente permitió la monopólica fusión entre Multicanal y Cablevisión, que hoy manejan el 90% del mercado de televisión paga.

OPINIÓN: Ahora o tal vez nunca, por Eduardo Aliverti

Las siguientes líneas versan sobre un tema que a la mayoría de esta sociedad le importa un pito. Aclarémoslo de entrada, porque de lo contrario habría quienes puedan pensar, con todo derecho, que el periodista perdió relación con la realidad. O por lo menos, con la realidad que le interesa a esa mayoría.

Los factores de ese desinterés son diferentes pero concurrentes. Más a muy pocos que a muchos puede ocurrírseles ubicar en un lugar privilegiado de sus inquietudes cotidianas el punto de quiénes manejan la radio y la televisión. Y si acaso es modificable. Es un tema al que pueden dedicarse quienes tienen resuelto con alguna comodidad las urgencias coyunturales. También es cierto que, para que la cuestión pudiese alcanzar algún nivel de atracción popular o clasemediera (sobre todo esto último), se necesitaría que los medios habilitasen su difusión y debate con el mismo encomio que le dedican a los profundos pensamientos de Susana Giménez, a la batalla de egos entre Riquelme y Maradona o a que sus periodistas circunspectos pongan cara de “qué nos pasa a los argentinos”, sólo por ejemplo. Y, sobre llovido mojado, hay una crisis internacional de la hostia, elecciones adelantadas, ruralistas otra vez de paro y en las rutas, rabinos que comparan a Kirchner con Nerón, curas que convocan a la pena de muerte y, en fin, un clima generalizado de expectativas desfavorables. Por tanto, el intento de someter a discusión pública el proyecto de nueva ley de comunicación audiovisual tiene tanto de loable como de destino dudoso, por fuera de algunos ámbitos muy específicos. Los multimedios, y alguno muy en particular, no quieren saber absolutamente nada de debate alguno porque, aun cuando saliesen airosos en los números parlamentarios, el sólo hecho de abrir un cotejo de ideas dejaría desnudos sus intereses corporativos. Algunos obrarán ninguneando y otros, como ya ocurrió esta semana, saldrán con los tapones de punta a decir que se trata de amordazar a la prensa y/o que, en todo caso, el momento de crispación que se vive no es lo más adecuado para discutir qué se hace con la radio y la televisión. Nadie saldrá a decirles que hace 25 años que “no es el momento”, y si sale lo ignorarán. La batalla, entonces, se dirimirá en el Congreso si es que la propuesta aterriza allí, con el enorme riesgo de que tanto legislador sensible a los generosos aportes críticos de los medios independientes termine tumbando la ley. Si en la reyerta por la 125 jugó la especulación de con qué cara volverían a sus ciudades y pueblos en caso de no acompañar al “campo”, imaginemos el frío que les correrá por la espalda de sólo pensar lo que les espera si votan en contra del interés de los emporios mediáticos. En síntesis, se sale con dos o tres goles abajo, desde el vestuario, por la enormidad de una correlación de fuerzas desfavorable, en la que se conjugan el poder de una prensa virtualmente monopólica con la flaquísima percepción social acerca de que los medios de masas son decisivos en la determinación de cómo se vive, de qué se consume, de cómo se piensa, de qué se actúa. Y todo esto, sin contar siquiera como hipotético que el oficialismo, más allá de que la propuesta está muy bien elaborada, no esté dispuesto a que la ley pueda ser usada como prenda de cambio para favores electorales.

Bajo semejante panorama hay dos probabilidades: taparse con la frazada de la cabeza a los pies porque no se advierten chances objetivas de continuar avanzando, o dar la pelea en la seguridad de que merece ser dada, porque los medios son una herramienta estratégica de cualquier construcción política que se precie de tal. El firmante no comparte que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Se lucha y se pierde tranquilamente. Pero es irrebatible que nunca se gana si jamás se lucha, y ésta es una lid que se justifica. Sería espantoso que los kioscos narcisistas de la progresía política e intelectual le sacasen el cuerpo a que, tras un cuarto de siglo, pueda derrotarse a la ley que los milicos y sus amanuenses civiles (es al revés, en realidad) nos dejaron como rémora casi invicta, como no sea por modificaciones que encima sirvieron para profundizar sus negociados de comunicación concentrada. Sería lamentable que la izquierda no comprendiese como tácticamente imprescindible el consolidar un campo de acción mucho mejor que el actual, para desarrollar un crecimiento concreto a través del manejo mediático. Sería imperdonable seguir recluidos en divagues retóricos, a la espera de la revolución proletaria universal, en lugar de aprovechar para ocupar lugares. Sería todo eso porque ratificaría que la vocación de poder se acaba en proyectos personalistas, y en acaparamiento de tribus de centros de estudiantes de la facultad, y en dar conferencias. Sería todo eso porque avalaría que lo progre y lo rebelde no sabría qué hacer con medios de comunicación propios y afines, por falta de capacitación pero, antes, por ausencia de claridad conceptual.

¿Qué carajo puede cuestionársele, con honestidad ideológica, a que dos tercios del espectro de radio y televisión puedan quedar en manos del sector público, de organizaciones sociales, de universidades, de cooperativas, de sindicatos? ¿Cómo se hace para no estar en contra de que un único permisionario tenga en la misma zona de influencia el diario, la radio, el canal abierto, el canal de cable? ¿Cómo hacemos para oponernos a que haya la posibilidad de que el fútbol no sea un gueto pago manejado por una corporación de atorrantes? ¿Qué decimos? ¿Que no hay que hacerle el juego al kirchnerismo? ¿Y qué cazzo nos tiene que importar el kirchnerismo, que al fin y al cabo no es más que una circunstancia de la disputa interburguesa, si quedan favorecidas condiciones objetivas de ocupación de espacios? Pero más que eso, en lógica de carácter transitivo: ¿entonces le hacemos el juego a Clarín, para ejemplificarlo con alguna cabeza de turco emblemática? ¿Eso vamos a hacer? ¿Vamos a detenernos para siempre en que este mismo gobierno es el que le renovó la licencia televisiva a ese grupo, y el que visteó la fusión de sus empresas de cable, y el que se dio cuenta recién ahora –como la rata en su momento– de que sale muy caro lo barato de comprar medios y periodistas como concepto de política comunicacional? Vamos: se puede reparar en eso para no comer vidrio, pero no paralizarse en eso. Porque quedar paralítico ahí es ser funcional a los intereses del sistema.

Siempre Gramsci, después de todo. Con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. La inteligencia da, para volver al comienzo, que esto le importa más bien a nadie. Y la voluntad es la inteligencia de que hay que aprovechar. Aun si se pierde, será mejor que haberse dedicado a masturbaciones de sectas y proyectos individualistas.
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